Costa Rica
¡El gobierno debe expropiar las tierras y entregarlas
inmediatamente a las familias de Medio Queso!
| Ante la violencia paramilitar y policial, ante la miseria de estas familias |
Durante el sábado se desalojó por cuarta vez en el año, y por segunda vez
durante este mes, a las 150 familias de campesinos sin tierra que viven y
siembran en la finca Los Naranjales Holandeses, en Medio Queso de Los Chiles.
Una vez más, sus cultivos y los ranchos donde viven fueron quemados al frente de
estas familias. Una vez más campesinos, incluyendo menores, mujeres y personas
mayores, fueron heridos y detenidos en medio de la brutalidad del desalojo.
El gobierno procedió con el desalojo de forma brutal
El gobierno de Chinchilla, a través de su ministerio de seguridad, decidió proceder con el desalojo. Esto a pesar de que sólo unas horas antes salió a la luz pública una grabación donde el propio subteniente de la policía del lugar, de apellidos Sanabria Corrales , recomendaba que se les disparara en la cabeza a los campesinos, en caso de un enfrentamiento en este desalojo.
Textualmente este “jerarca de la policía” llegó a recomendar que “si le van a pegar un balazo a un hijueputa traten de DARLE EN LA CABEZA DONDE NO SE PUEDA MOVER para que ellos no puedan decir y ustedes puedan demostrar que están evadiendo una lesión”. Decía además: "Si a mí un mae me apunta con un palo de escoba, yo le pego un tiro en la frente". Es importante aclarar que el subteniente no le daba esta recomendación a policías, sino a paramilitares contratados por Elmer Varela.
A partir de esta grabación Sanabria fue suspendido de su cargo por Celso Gamboa, Viceministro de Seguridad. Sin embargo, el gobierno decidió seguir con el desalojo a los campesinos, el cual fue llevado a cabo con la ya acostumbrada brutalidad. Doce personas fueron detenidas en este desalojo. Once de ellas fueron liberadas de forma casi inmediata, sin ningún cargo presentado. No podían tampoco presentar cargos, pues no existía ningún sustento jurídico para ello.
Un compañero sigue detenido actualmente, sin ningún cargo. Esta detención fue completamente selectiva y arbitraria, apuntada hacia los y las dirigentes de la comunidad.
El gobierno de Chinchilla es responsable de la situación de violencia y de miseria que viven estas 150 familias
El hecho de que el ministerio de seguridad haya seguido con el desalojo revela que la política de violentar a estas familias es responsabilidad del propio gobierno. En los anteriores desalojos, que fueron coordinados claramente con estos paramilitares, participó también el ministerio de seguridad.
En el anterior desalojo, llevado a cabo la semana antepasada, sin ninguna orden judicial, resultaron heridos varios compañeros y compañeras e incluso una compañera del lugar sufrió un aborto de gemelos, por culpa de los gases lacrimógenos lanzados por la policía.
El gobierno de Chinchilla, el ministerio de seguridad y la jerarquía del INDER (antiguo IDA) tienen pleno conocimiento desde hace más de un año de las agresiones físicas, de la intimidación, y de la destrucción de la propiedad (cultivos, viviendas, pozos de agua) de estas familias. Estas agresiones la han sufrido menores, mujeres, hombres y personas adultas mayores de la comunidad. Desde hace más de un año el gobierno ha permitido que estos cuerpos de seguridad privada, contratados por Varela, de la empresa SEGURINOR, cometan estos gravísimos atropellos.
El gobierno es además responsable pues su propia política ha dejado sin empleo digno y sin tierra a estos campesinos. El deterioro social de esta zona es justamente causado por el modelo de acumulación promovido por la burguesía nacional, que beneficia al capital transnacional, que concentra la tierra, precariza el trabajo y destruye las garantías sociales. Esto no es un caso aislado, y lo sufren miles de familias a lo largo del país, quienes no tienen acceso a la tierra y a la vivienda.
El gobierno debe expropiar estas tierras y entregarlas a estas familias, de lo contrario esta la situación solo puede empeorar
El gobierno de Chinchilla es responsable al dejar que esta situación continúe. La destitución de un funcionario no resuelve absolutamente nada, y por el contrario la escalada de violencia va a continuar al menos de que se resuelva la urgencia de tierra para la comunidad. Estas familias buscan vivir dignamente y garantizar su sustento a partir de trabajar la tierra.
Exigimos que el gobierno expropie estas tierras y se las entregue a las familias que hoy la trabajan.
La legislación, y el estatuto del propio INDER, permiten que se expropien estas tierras y que se le entreguen a estas familias campesinas. La única razón por la cual no se ha llevado a cabo es por la falta de voluntad política y porque el gobierno está respaldando al usurpador Varela, que pretende lucrar con esta tierra aunque tenga que violentar y hasta asesinar.
Exigimos que el gobierno destituya a Zamora, a Sanabria y a los autores intelectuales y materiales de estos atentados y de estas violaciones a los derechos humanos.
El gobierno debe destituir a quienes han coordinado y participado de estos desalojos con las fuerzas paramilitares. ¡Debe además garantizar que los desalojos y agresiones se detengan inmediatamente! Se debe además destituir a todas las personas que han sido negligentes y han sido cómplices de que esta situación siga ocurriendo. Zamora es responsable directo al ser el máximo jerarca del Ministerio de Seguridad.
Exigimos que el gobierno y la fiscalía le abran un proceso judicial a Varela, a la seguridad privada SEGURINOR y a los responsables de estos crímenes.
La fiscalía conoce sobre estas violaciones a los derechos humanos y ha sido negligente pues no ha abierto ningún proceso. Exigimos que se castigue con cárcel a los agresores, incluyendo a Elmer Varela, que dirige estos cuerpos de seguridad para asegurar su interés propio.
¡Manifestémonos ante Casa Presidencial este lunes! ¡En solidaridad con la comunidad de Medio Queso, exigiendo que se les entregue la tierra, que se castigue con cárcel a los agresores y a los responsables de estas violaciones!
El lunes la comunidad de Medio Queso, organizaciones estudiantiles, sindicales y políticas, estamos convocando a una movilización a las 10 AM frente a Casa Presidencial. Vamos a exigirle al gobierno de Chinchilla que asuma responsabilidad sobre esta situación. Si el gobierno no asume estas acciones seguirá siendo responsable de cualquier agresión, muerte o situación que sufran estas personas. ¡Urge la solidaridad efectiva de todos y todas, es lo único que puede garantizar que esto se detenga! ¡Las organizaciones sindicales, de DDHH, estudiantiles deben respaldar estas acciones!
¡Tierra para quien la trabaja! ¡Cárcel a Varela y demás agresores! ¡Por la destitución inmediata de Zamora y los responsables!
Comité en Solidaridad con Medio Queso
Partido de los Trabajadores - FEUCR – Juventud Frente Amplio - PST –independientes.
El gobierno procedió con el desalojo de forma brutal
El gobierno de Chinchilla, a través de su ministerio de seguridad, decidió proceder con el desalojo. Esto a pesar de que sólo unas horas antes salió a la luz pública una grabación donde el propio subteniente de la policía del lugar, de apellidos Sanabria Corrales , recomendaba que se les disparara en la cabeza a los campesinos, en caso de un enfrentamiento en este desalojo.
Textualmente este “jerarca de la policía” llegó a recomendar que “si le van a pegar un balazo a un hijueputa traten de DARLE EN LA CABEZA DONDE NO SE PUEDA MOVER para que ellos no puedan decir y ustedes puedan demostrar que están evadiendo una lesión”. Decía además: "Si a mí un mae me apunta con un palo de escoba, yo le pego un tiro en la frente". Es importante aclarar que el subteniente no le daba esta recomendación a policías, sino a paramilitares contratados por Elmer Varela.
A partir de esta grabación Sanabria fue suspendido de su cargo por Celso Gamboa, Viceministro de Seguridad. Sin embargo, el gobierno decidió seguir con el desalojo a los campesinos, el cual fue llevado a cabo con la ya acostumbrada brutalidad. Doce personas fueron detenidas en este desalojo. Once de ellas fueron liberadas de forma casi inmediata, sin ningún cargo presentado. No podían tampoco presentar cargos, pues no existía ningún sustento jurídico para ello.
Un compañero sigue detenido actualmente, sin ningún cargo. Esta detención fue completamente selectiva y arbitraria, apuntada hacia los y las dirigentes de la comunidad.
El gobierno de Chinchilla es responsable de la situación de violencia y de miseria que viven estas 150 familias
El hecho de que el ministerio de seguridad haya seguido con el desalojo revela que la política de violentar a estas familias es responsabilidad del propio gobierno. En los anteriores desalojos, que fueron coordinados claramente con estos paramilitares, participó también el ministerio de seguridad.
En el anterior desalojo, llevado a cabo la semana antepasada, sin ninguna orden judicial, resultaron heridos varios compañeros y compañeras e incluso una compañera del lugar sufrió un aborto de gemelos, por culpa de los gases lacrimógenos lanzados por la policía.
El gobierno de Chinchilla, el ministerio de seguridad y la jerarquía del INDER (antiguo IDA) tienen pleno conocimiento desde hace más de un año de las agresiones físicas, de la intimidación, y de la destrucción de la propiedad (cultivos, viviendas, pozos de agua) de estas familias. Estas agresiones la han sufrido menores, mujeres, hombres y personas adultas mayores de la comunidad. Desde hace más de un año el gobierno ha permitido que estos cuerpos de seguridad privada, contratados por Varela, de la empresa SEGURINOR, cometan estos gravísimos atropellos.
El gobierno es además responsable pues su propia política ha dejado sin empleo digno y sin tierra a estos campesinos. El deterioro social de esta zona es justamente causado por el modelo de acumulación promovido por la burguesía nacional, que beneficia al capital transnacional, que concentra la tierra, precariza el trabajo y destruye las garantías sociales. Esto no es un caso aislado, y lo sufren miles de familias a lo largo del país, quienes no tienen acceso a la tierra y a la vivienda.
El gobierno debe expropiar estas tierras y entregarlas a estas familias, de lo contrario esta la situación solo puede empeorar
El gobierno de Chinchilla es responsable al dejar que esta situación continúe. La destitución de un funcionario no resuelve absolutamente nada, y por el contrario la escalada de violencia va a continuar al menos de que se resuelva la urgencia de tierra para la comunidad. Estas familias buscan vivir dignamente y garantizar su sustento a partir de trabajar la tierra.
Exigimos que el gobierno expropie estas tierras y se las entregue a las familias que hoy la trabajan.
La legislación, y el estatuto del propio INDER, permiten que se expropien estas tierras y que se le entreguen a estas familias campesinas. La única razón por la cual no se ha llevado a cabo es por la falta de voluntad política y porque el gobierno está respaldando al usurpador Varela, que pretende lucrar con esta tierra aunque tenga que violentar y hasta asesinar.
Exigimos que el gobierno destituya a Zamora, a Sanabria y a los autores intelectuales y materiales de estos atentados y de estas violaciones a los derechos humanos.
El gobierno debe destituir a quienes han coordinado y participado de estos desalojos con las fuerzas paramilitares. ¡Debe además garantizar que los desalojos y agresiones se detengan inmediatamente! Se debe además destituir a todas las personas que han sido negligentes y han sido cómplices de que esta situación siga ocurriendo. Zamora es responsable directo al ser el máximo jerarca del Ministerio de Seguridad.
Exigimos que el gobierno y la fiscalía le abran un proceso judicial a Varela, a la seguridad privada SEGURINOR y a los responsables de estos crímenes.
La fiscalía conoce sobre estas violaciones a los derechos humanos y ha sido negligente pues no ha abierto ningún proceso. Exigimos que se castigue con cárcel a los agresores, incluyendo a Elmer Varela, que dirige estos cuerpos de seguridad para asegurar su interés propio.
¡Manifestémonos ante Casa Presidencial este lunes! ¡En solidaridad con la comunidad de Medio Queso, exigiendo que se les entregue la tierra, que se castigue con cárcel a los agresores y a los responsables de estas violaciones!
El lunes la comunidad de Medio Queso, organizaciones estudiantiles, sindicales y políticas, estamos convocando a una movilización a las 10 AM frente a Casa Presidencial. Vamos a exigirle al gobierno de Chinchilla que asuma responsabilidad sobre esta situación. Si el gobierno no asume estas acciones seguirá siendo responsable de cualquier agresión, muerte o situación que sufran estas personas. ¡Urge la solidaridad efectiva de todos y todas, es lo único que puede garantizar que esto se detenga! ¡Las organizaciones sindicales, de DDHH, estudiantiles deben respaldar estas acciones!
¡Tierra para quien la trabaja! ¡Cárcel a Varela y demás agresores! ¡Por la destitución inmediata de Zamora y los responsables!
Comité en Solidaridad con Medio Queso
Partido de los Trabajadores - FEUCR – Juventud Frente Amplio - PST –independientes.
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