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Esta buscaría demoler la candidatura del nacionalista Ollanta Humala, a través de los medios de comunicación y contaría con la participación directa del gobierno peruano -Alan García- y la encubierta intervención del gobierno de los EE.UU. –a través del Comando Sur-.
Lo resaltante de la denuncia periodística, es que en ella se pone en evidencia el conteniendo mismo del citado plan “Sábana” con suma claridad y en forma bastante precisa, detallando inclusive los entes y personajes integrantes de la presunta conspiración.
Especifica además, las tareas que corresponderían a cada uno de los grupos que se habrían conformado, con el fin de lograr el citado propósito anti-democrático.
En el plan señalado por el diario peruano aparecen integrados como “grupos” participantes de la conspiración, empresas mineras nacionales y extranjeras, estamentos de las fuerzas armadas, servicios de inteligencia del gobierno, políticos que apoyan a la candidata Keiko Fujimori -e integraron el gobierno dictatorial de su padre Alberto Fujimori-, medios de prensa escrita, televisiva y radial peruanos -agrupados alrededor del diario “El Comercio” de Lima-, así como la ya casi característica injerencia del gobierno de los EE.UU. en procesos electorales de América Latina.
Estos hechos han causado la repulsa en los medios de prensa y opinión pública extranjera ubicando al Perú al nivel democrático de Honduras, más aún de conocerse que estos intentos por fracturar la democracia y voluntad del electorado peruano podrían estarse gestando desde los más altos niveles del gobierno peruano en connivencia con el gobierno de los EE.UU.
El objetivo de esta “operación” -según lo señalado por el diario “La Primera”-, sería manipular al electorado del país a través de casi todos los medios de prensa antes de la segunda vuelta electoral -5 de junio-, con el fin de orientar la conciencia ciudadana a favor de la candidatura de Keiko Fujimori, la aspirante electoral de tendencia neoliberal-dictatorial.
Se menciona inclusive en la denuncia, el acopio de “bolsas económicas” -a cargo de financistas de empresas mineras- para sufragar los costos de “la operación Sábana”, uno de cuyos primeros gastos consistiría en los pagos de honorarios (800,000 dólares) para quien sería el vocero televisivo de la campaña, el presentador Jaime Baily de América TV del Perú -canal de una empresa mexicana-.
Todo esto es coherente con lo expresado por el diario peruano, que denunció días antes el arribo acelerado de Jaime Baily a Lima procedente de Miami, para reincorporarse a la TV peruana y “hacerse cargo” de un programa cuyo libreto en su versión inicial del 1 de mayo -tal como lo dio a conocer la denuncia-, se dedicó a denostar la imagen privada y pública de Ollanta Humala a lo largo de todo el “programa” y continuaría así, hasta la fecha de los comicios.
Al día siguiente de la publicación de la denuncia formulada por el diario -2 de mayo- y luego de haberse propalado el primer “programa” anti-democracia y anti-Humala del presentador Baily, el mutismo de los funcionarios y voceros del gobierno de Alan García fue casi absoluto.
Y es que existen razones de peso -y razones de años- para ello.
Por delitos iguales al que en el momento se estaría cometiendo con la ejecución del plan “Sábana” y que fueron realizados en el país durante la etapa dictatorial 1990-2000, actualmente se encuentran purgando condena de prisión Alberto Fujimori y los miembros de sus dos gobiernos que intervinieron en ellos –en el Perú éstos son delitos constitucionales y penales-.
De todos los personajes señalados como involucrados en el que podría ser un nuevo atentado contra la democracia y conspiración contra el libre sufragio, quien podría encontrarse en idéntica situación judicial a la del ex presidente Alberto Fujimori –actualmente condenado por ello-, sería el actual mandatario Alan García.
De llegar a sus extremos la investigación judicial sobre el “Plan Sábana” y de comprobarse éste, a García le correspondería responsabilidad por el accionar de los entes estatales que estarían presuntamente involucrados en la conspiración -de acuerdo a la denuncia periodística-.
Pero quizá la actuación gubernamental de Alan García no requeriría de mucha investigación, puesto que ya para el 24 de marzo del 2009 el mandatario había adelantado opinión sobre cuál sería su futuro accionar en el proceso electoral que se aproximaba para esa fecha –los actuales comicios 2011-.
En la “Reunión Anual de Jefes Ejecutivos de América Latina” del “Instituto de Finanzas Internacionales” (IIF) que se realizó en Lima-Perú, Alan García señaló ante la prensa y grupos de empresarios extranjeros y nacionales que participaban de la Reunión, “yo puedo evitar que un candidato adverso a la economía de mercado –léase “sistema”- llegue a ser presidente del Perú en las elecciones del 2011”.
Ante la evidente sorpresa de los oyentes sobre lo anteriormente afirmado -y conociéndose que no es mago-, se vio precisado a aclarar más aún lo dicho, pero sólo para consolidar su intencionalidad anti-democrática, agregando “en el Perú el presidente tiene un poder, no puede hacer presidente al que él quisiera, pero sí puede evitar que sea presidente quien él no quiere; yo lo he demostrado”.
También en esa misma reunión hizo anuncios proféticos, señalando que “todas las garantías de estabilidad económica, las reglas de juego de mercado y la estabilidad política, están aseguradas por los próximos 10 años”.
Adicionó luego, “aquí no va a pasar nada, no se va a mover nada”.
¿Cómo pudo Alan García hacer vaticinios tan extraños en esa Reunión, para una década venidera en la que incluso él ya no sería el mandatario del Perú?
Quizá tenga algunas facultades de videncia con las que no contamos nosotros, sus mandantes. No tenemos esa misma claridad ni visión.
Lo que sí le viene quedando perfectamente claro a la población en general, es que ha llegado el momento de asear la comunicación social del país y dejar atrás las nocivas etapas de intoxicación y manipulación informativa de la era Montesinos. Se hace necesario frenar esa lacra perniciosa -por razones de salud psicológica de la población-.
Urgen leyes adecuadas en el Perú que eviten el uso preconcebido de los medios de comunicación, cuales granadas de cañón para lanzarlas sobre la sociedad y mente de la población buscando generar en ella su disociación psicótica.
Con esas leyes deberán desaparecer de las pantallas, diarios y radioemisoras, los agentes de la desinformación como Jaime Baily, Laura Bozzo y otros tantos más –junto con sus interesados empresarios directores-, ya que todos ellos constituyen una afrenta para el Perú.
Esto daría paso a los verdaderos comunicadores sociales que quieren y desean cumplir su tarea profesionalmente.
Eso es exigir libertad de pensamiento, que a la vez es madre de las libertades de expresión, opinión y de prensa.
Toda oposición a ese clamor no vendría a ser sino pretexto para la prosecución de la “telecracia” y la “tiranía mediática”.
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