La abogada de las víctimas de la matanza de El Frontón, Gloria Cano, declaró ayer a
LA PRIMERA que un pedido de la defensa de un grupo de exmarinos procesados por esa masacre, de que el Tribunal Constitucional declare prescrito el caso, busca librar de responsabilidad al presidente
Alan García y al exministro del Interior de su primer gobierno, Agustín Mantilla, e impedir el inicio de una investigación profunda del caso.
“Entiendo que lo que se pretende es librar a los involucrados en el caso y tirarle un salvavidas al presidente García y a su exministro Mantilla para que en un futuro no se vean involucrados, pues si determinan este caso como prescrito ya no habría posibilidades de ampliar la investigación”, acotó.
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Según Cano, la matanza perpetrada por miembros de la Marina de Guerra a cargo del Almirante (r) Luis Giampietri podría quedar impune si se declara su prescriptibilidad, tal como lo pretende el
abogado de los exmarinos juzgados, Humberto Bocanegra, quien, a favor de los procesados, solicitó una audiencia ante el Tribunal Constitucional para buscar el archivamiento definitivo del proceso, aduciendo la prescripción de los hechos por haber transcurrido más de 20 años.
Cano dijo que sus representados “han pedido que se declare esta solicitud infundada al igual que se hizo en primera y segunda instancia, que determinó el caso como de lesa humanidad, por lo tanto no prescribe”, pues tienen legítimo interés de actuar en este proceso a fin de evitar que se consagre impunidad para este crimen, utilizando la figura de la prescripción cuando se trata de delitos de violación de
derechos humanos.
El año 2000, la Corte Interamericana de
derechos humanos emitió una sentencia responsabilizando al
estado peruano de la matanza en El Frontón, por lo que tiene la obligación de investigar y sancionar. Asimismo, indicó que no resultan aplicables las disposiciones de prescripción, amnistía o cualquier otra que tienda a excluir la responsabilidad, por tratarse de un caso de delito de lesa humanidad.
Cano señaló que el proceso penal se abrió ante las evidencias de la existencia de ejecuciones extrajudiciales en el penal de El Frontón en el año 1986. “Estamos frente a hechos que hieren la conciencia colectiva, un crimen que no puede quedar impune sin acarrear responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de normas que comprometen al país y que son por lo tanto constitucionales”, agregó. El TC deberá decidir en los próximos días si se archiva o no el caso.
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