Los medios de comunicación panameños publicaron una breve nota informando que el martes pasado (antes de ayer) se iniciaba una “intervención militar” norteamericana sobre territorio nacional. La “invasión” se realizó en varias antiguas bases militares que ese país tenía en lo que antes se conocía como la Zona del Canal de Panamá. Según las notas periodísticas, un total de 45 efectivos militares del Ejército y de la Armada de EEUU ocuparían posiciones en Sherman (antigua base de la Infantería de Marina), cerro Tigre (sede de Operaciones Especiales del Ejército a fines del siglo pasado) y Rodman (antigua base de la Armada norteamericana).
La información no detalló el tipo de armamento, ni la logística que implicaba la presencia militar norteamericana en Panamá. La nota periodística señala que entre los objetivos del despliegue militar se destaca el entrenamiento de un total de 45 panameños en operaciones antidrogas. No aclaraba el origen de los 45 panameños que recibirían estos cursos que se extenderían por más de un mes, entre el 15 de marzo y el 19 de abril de 2011.
Hay indicios que el gobierno nacional está creando estamentos militares con la cooperación de EEUU. La Constitución Política de Panamá señala en forma explícita que no existe y no se crearán fuerzas armadas en el país. En su lugar sólo existirá una Policía Nacional. Con la construcción de nueve bases aéreo-navales en las costas de ambos océanos por parte de EEUU, a partir de 2010, se inició de lleno la creación de los batallones militares.
El presidente Ricardo Martinelli ha dado señales que no se opondría a una creciente militarización de Panamá. El nombramiento de un militar de carrera en la dirección de la Policía Nacional en 2009, la creación de un Ministerio de Seguridad (2010) y la construcción por parte de EEUU de las bases aeronavales son señales que destacan una tendencia clara en ese sentido.
El ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, declaró que la “invasión” es parte de “los objetivos de Panamá, para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico”. La opinión pública mundial y, especialmente, la panameña, sabe que el problema de la producción, distribución y consumo de droga nace en EEUU y su solución sólo puede resolverse con acciones políticas en ese país. Los países de Asia Oriental (Afganistán, Camboya y Birmania) son víctimas de esas políticas. Igualmente, en América latina, en países como Colombia y México, la producción y la distribución de la droga, respectivamente, han destruido el tejido social de esos países.
En la actualidad, las Fuerzas Armadas de EEUU tienen un programa global de intervención. Trata de encubrirlo bajo el manto de la lucha contra “el crimen organizado y el narcotráfico”. Este es el objetivo del Plan Colombia (inaugurado hace dos lustros) y del Plan Mérida (iniciado hace un lustro). El primero contempla más de mil millones de dólares en compra de armamento sofisticado por parte del gobierno colombiano a empresas norteamericanas. En el segundo, México ya ha invertido 300 millones de dólares en la compra de aviones de combate y otros artefactos de guerra.
El Plan Mérida, en el caso panameño, se inició con gastos presupuestados por más de 20 millones de dólares (habilitación de las bases “aeronavales”). Los medios locales no obtuvieron información sobre los gastos que tendrá que hacer Panamá por la presencia de tropas norteamericanas en las antiguas bases de la Zona del Canal.
Recientemente en Argentina, el gobierno de ese país tuvo que abortar un proyecto similar de EEUU. En esa ocasión el Pentágono trató de introducir al país sureño – bajo el pretexto de organizar un curso para efectivos de la Policía Federal - equipos (que incluían drogas) de contrabando. Las autoridades argentinas incautaron el contrabando y despachó el avión militar norteamericano de regreso a su país.
En el caso de Panamá, EEUU le ha impuesto a los tres últimos gobiernos “acuerdos” - ilegales e inconstitucionales – mediante los cuales sus efectivos militares tienen acceso a los espacios aéreo, marítimo y terrestre del istmo. Además, sus militares pueden portar armas y son inmunes a las leyes panameñas.
Desde hace varios años EEUU insiste en que Panamá es un país “amigo” del narcotráfico con el fin de crear un clima favorable a su intervención. A principios de marzo, el Departamento de Estado calificó a Panamá como un “centro importante para el contrabando y advirtió que sus órganos de justicia y de seguridad son susceptibles a las influencias del narcotráfico”. En el comunicado de prensa se dice abiertamente que “los oficiales panameños (¿?) y miembros del ejército de EEUU tendrán la oportunidad de planificar misiones, comunicaciones tácticas, puntería, primeros auxilios y movilidad aérea”.
Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.
http://marcoagandasegui10.blogspot.com
Fuente: http://alainet.org/active/45152
La información no detalló el tipo de armamento, ni la logística que implicaba la presencia militar norteamericana en Panamá. La nota periodística señala que entre los objetivos del despliegue militar se destaca el entrenamiento de un total de 45 panameños en operaciones antidrogas. No aclaraba el origen de los 45 panameños que recibirían estos cursos que se extenderían por más de un mes, entre el 15 de marzo y el 19 de abril de 2011.
Hay indicios que el gobierno nacional está creando estamentos militares con la cooperación de EEUU. La Constitución Política de Panamá señala en forma explícita que no existe y no se crearán fuerzas armadas en el país. En su lugar sólo existirá una Policía Nacional. Con la construcción de nueve bases aéreo-navales en las costas de ambos océanos por parte de EEUU, a partir de 2010, se inició de lleno la creación de los batallones militares.
El presidente Ricardo Martinelli ha dado señales que no se opondría a una creciente militarización de Panamá. El nombramiento de un militar de carrera en la dirección de la Policía Nacional en 2009, la creación de un Ministerio de Seguridad (2010) y la construcción por parte de EEUU de las bases aeronavales son señales que destacan una tendencia clara en ese sentido.
El ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, declaró que la “invasión” es parte de “los objetivos de Panamá, para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico”. La opinión pública mundial y, especialmente, la panameña, sabe que el problema de la producción, distribución y consumo de droga nace en EEUU y su solución sólo puede resolverse con acciones políticas en ese país. Los países de Asia Oriental (Afganistán, Camboya y Birmania) son víctimas de esas políticas. Igualmente, en América latina, en países como Colombia y México, la producción y la distribución de la droga, respectivamente, han destruido el tejido social de esos países.
En la actualidad, las Fuerzas Armadas de EEUU tienen un programa global de intervención. Trata de encubrirlo bajo el manto de la lucha contra “el crimen organizado y el narcotráfico”. Este es el objetivo del Plan Colombia (inaugurado hace dos lustros) y del Plan Mérida (iniciado hace un lustro). El primero contempla más de mil millones de dólares en compra de armamento sofisticado por parte del gobierno colombiano a empresas norteamericanas. En el segundo, México ya ha invertido 300 millones de dólares en la compra de aviones de combate y otros artefactos de guerra.
El Plan Mérida, en el caso panameño, se inició con gastos presupuestados por más de 20 millones de dólares (habilitación de las bases “aeronavales”). Los medios locales no obtuvieron información sobre los gastos que tendrá que hacer Panamá por la presencia de tropas norteamericanas en las antiguas bases de la Zona del Canal.
Recientemente en Argentina, el gobierno de ese país tuvo que abortar un proyecto similar de EEUU. En esa ocasión el Pentágono trató de introducir al país sureño – bajo el pretexto de organizar un curso para efectivos de la Policía Federal - equipos (que incluían drogas) de contrabando. Las autoridades argentinas incautaron el contrabando y despachó el avión militar norteamericano de regreso a su país.
En el caso de Panamá, EEUU le ha impuesto a los tres últimos gobiernos “acuerdos” - ilegales e inconstitucionales – mediante los cuales sus efectivos militares tienen acceso a los espacios aéreo, marítimo y terrestre del istmo. Además, sus militares pueden portar armas y son inmunes a las leyes panameñas.
Desde hace varios años EEUU insiste en que Panamá es un país “amigo” del narcotráfico con el fin de crear un clima favorable a su intervención. A principios de marzo, el Departamento de Estado calificó a Panamá como un “centro importante para el contrabando y advirtió que sus órganos de justicia y de seguridad son susceptibles a las influencias del narcotráfico”. En el comunicado de prensa se dice abiertamente que “los oficiales panameños (¿?) y miembros del ejército de EEUU tendrán la oportunidad de planificar misiones, comunicaciones tácticas, puntería, primeros auxilios y movilidad aérea”.
Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.
http://marcoagandasegui10.blogspot.com
Fuente: http://alainet.org/active/45152
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