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El documento divulgado este viernes advierte que todavía quedan numerosos y graves problemas que resolver: las consecuencias del conflicto bélico de más de 45 años en Colombia, la marginación de las comunidades indígenas y la tendencia de los gobiernos de la región a privilegiar los intereses económicos frente a los derechos humanos.
Latinoamérica, en su condición de subcontinente y con una población de unos 580 millones de habitantes, no logra superar su condición de región "con más desigualdades del mundo", por encima de África y Asia. El año pasado hubo reducción de los índices de pobreza en países como Brasil, Argentina, México y Venezuela. No obstante,"muchas de las naciones menos desarrolladas no experimentaron ninguna mejora tangible y, al finalizar 2010, América Latina seguía siendo la región con más desigualdades del mundo".
Susan Lee, directora del programa para América de AI, explicó que pese al auge económico que vive la región y la estabilidad financiera y social "sin precedentes", prevalece en los gobiernos la "tendencia de ignorar a la gente más humilde frente a los intereses económicos, incluidos los pueblos indígenas, y esto es una situación bastante preocupante para el futuro de la región".
Sostiene: "Es frecuente que los gobiernos no garanticen el respeto de los derechos en la práctica, ni siquiera en el caso de quienes corren más riesgo de sufrir abusos, como las personas que viven en la pobreza, los pueblos indígenas, las mujeres y las niñas. Esta situación se da sobre todo cuando existen poderosos intereses económicos que consideran que respetar los derechos de las comunidades pobres y marginadas es contrario a sus objetivos económicos".
Tache a Colombia en derechos
Lee reconoció que los dos únicos países que no han registrado mejoras en la defensa de los derechos humanos son Colombia y México. En el caso de Colombia, son "todavía muy críticos" los estragos que provoca el conflicto armado interno, que hace que la población civil "sufra la peor parte de las hostilidades". En el país caribeño, miles de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, homicidio ilegítimo, secuestro o desaparición forzada a manos de la guerrilla, las fuerzas de seguridad y los paramilitares.
Le preocupa especialmente el aumento de la violencia contra las mujeres y niñas, así como la sistemática negación de los derechos reproductivos, sobre todo –esto último– en países como Chile, El Salvador y Nicaragua, donde todavía se encarcela a "cualquiera que practique un aborto o intente abortar, incluidas las niñas y las mujeres embarazadas por una violación o cuya vida corría peligro si continuaban el embarazo".
En relación a los ataques a la libertad de expresión, AI señaló que “casi 400 trabajadores de medios recibieron amenazas o sufrieron ataques, y al menos 13 periodistas murieron por agresores no identificados. Más de la mitad de estas muertes se produjeron en México, seguido de Honduras, Colombia y Brasil. En muchos casos se creía que las víctimas fueron objeto de represalia debido a sus esfuerzos por denunciar corrupción o las relaciones entre funcionarios y las redes de delincuentes.
El informe destaca que la proliferación del tráfico de armas ligeras causa el aumento general de la violencia, y que la corrupción endémica de las instituciones del Estado redujo su capacidad para responder a la delincuencia organizada: "Los gobiernos se mostraron reacios a abordar este problema sistemático y prolongado. En cambio, recurrieron de forma creciente al ejército para responder a la delincuencia organizada y a otras amenazas para la seguridad".
Finalmente llama en especial la atención sobre la situación en Haití después de los desastres naturales que devastaron la isla, con saldo de 230 mil muertos y millones de personas sin hogar, de las cuales más de un millón aún siguen viviendo en casas de campaña o campamentos provisionales.
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