La recuperación económica posterior a la crisis de 2001 se ha expresado, a partir de 2004, en una caída del desempleo abierto. Sin embargo, como hemos planteado en otros números de El Aromo, una parte importante del crecimiento del empleo se debe al aumento del trabajo no registrado, precario y con salarios de miseria. Este movimiento sugiere un pasaje de la sobrepoblación relativa abierta (desocupación) a la estancada. Ésta, en palabras de Marx, “constituye una parte del ejército obrero activo, pero su ocupación es absolutamente irregular, de tal modo que el capital tiene aquí a su disposición a una masa extraordinaria de fuerza de trabajo latente. Sus condiciones de vida descienden por debajo del nivel medio normal de la clase obrera y [es] esto, precisamente, lo que convierte a esa categoría en base amplia para ciertos ramos de explotación del capital. El máximo de tiempo de trabajo y el mínimo de salario la caracterizan”.(1)
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Este cuadro de situación, lejos de ser coyuntural, es constitutivo del capitalismo argentino por la escala pequeña con que se produce.(2) Ya no se trata simplemente de la absorción y repulsión de fuerza de trabajo por los ciclos ascendentes y descendentes del capital. En tanto la compra-venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor se transforma en una de las condiciones para la reproducción del capitalismo en Argentina, las fases de ascenso no llegan a incorporar a la fuerza de trabajo otrora expulsada en condiciones de reproducción “normales”.
Un gigantesco aparato asistencial
En la medida en que, pese al crecimiento del empleo, grandes fracciones obreras no puedan garantizar su reproducción a través del salario (porque no les alcanza o porque ni siquiera tienen), la asistencia pública cumple un rol cada vez más importante. Esta realidad se muestra a partir de varios elementos.
En primer lugar, veamos qué ha pasado con los “planes sociales”. Si bien la cantidad de perceptores de “planes” está por debajo de su momento de máxima expansión en el año 2003, a partir del 2005 y hasta el 2008 se estabiliza en una cifra mayor a los 2 millones y medio de trabajadores (el 233% por sobre el año 2001 y el 165% por sobre el año 2002). Gran parte de estos “planes” fueron reemplazados a partir del año 2009 por la Asignación Universal por Hijo. Si bien no se poseen cifras oficiales de la cantidad de familias a las que llega, distintas estimaciones señalan que se trataría de 1 millón y medio a 2 millones y medio de hogares.
Además de estos planes de transferencias de ingresos, el Estado implementa un conjunto de políticas asistenciales dirigidas a la pobreza. La más importante de ellas, por su magnitud, es la asistencia alimentaria a través de comedores comunitarios, cajas alimentarias y tickets.(3) Según los datos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Social, el Plan de Seguridad Alimentaria que engloba estas políticas, pasó de cubrir a cerca de 14 millones de personas en los años 2003 y 2004 a más de 19 millones en los años 2009 y 2010.(4)
Por último, una de las manifestaciones más evidentes de esta situación es la evolución del Gasto público social.(5) Las series realizadas por el Ministerio de Economía para el período 1980-2008, permiten observar que el Gasto público social crece tanto en términos absolutos como en su proporción respecto de la totalidad del Gasto Público a lo largo de todo el período. Ante cada crisis se observa una disminución, pero cada caída se ubica en un punto más alto que en la crisis anterior y el movimiento general de la tendencia es ascendente. Es un curso que no se altera por el cambio del signo político de los gobiernos de turno; es decir, no hay diferencia entre los gobiernos “neoliberales” y los “nacionales y populares”.
Teniendo en cuenta el gasto realizado específicamente en materia de asistencia social, que es el objeto de este artículo, observamos que mientras el Estado argentino destinaba cerca de 150 pesos por habitante en 1993 y 180 pesos en 1999 y en 2004, en el año 2008 ha destinado una cifra cercana a los 280 pesos por habitante.(6)
Este creciente gasto en asistencia, por otra parte, va incrementando su importancia relativa como fuente de ingreso de la clase obrera frente a los salarios. Así queda reflejado en el índice de la evolución “Gasto en asistencia/Salario real” que hemos construido. Este índice pone en relación la evolución del gasto en asistencia social con la evolución de los salarios reales. Se toma como año base el primero de la serie: 1993, en donde la relación entre gasto y salario toma el valor 1. A partir de allí la curva se mueve según cómo hayan crecido o decrecido ambas variables en relación al año base. Cuando la curva desciende significa que el gasto asistencial disminuyó o que aumentó en menor medida que el salario y viceversa.
Puede observarse que, en el período que se presenta (1993-2008), mientras el salario real promedio pierde el 18% de su valor, el gasto asistencial por habitante se incrementa el 94%. Si bien a lo largo de todo el período analizado hay momentos de reversión del movimiento, éstos son cortos y la tendencia es siempre creciente, independientemente del gobierno en el poder. En los años correspondientes al gobierno kirchnerista, mientras los salarios reales promedio crecen el 15% entre 2003 y 2008, el gasto en asistencia social lo hace en un 59%. Dada la imposibilidad de satisfacer el conjunto de sus necesidades vía su participación en el mercado (aunque tengan empleo), los trabajadores argentinos dependen cada vez más de la asistencia directa para vivir, aun cuando ésta sólo alcance para mantenerlos en condiciones de vida degradadas. La pauperización producida por las condiciones del mercado de fuerza de trabajo, se acompaña con políticas pauperizadas: “pobres políticas para pobres”. En tanto la existencia de la sobrepoblación rige los movimientos del salario, para garantizar de forma extendida una fuerza de trabajo barata, los ingresos que proveen las políticas asistenciales deben ser constitutivamente bajos. Pero si además, como sucede en la Argentina, los bajos salarios se constituyen en condición para el proceso de acumulación de capital, los ingresos de las políticas asistenciales se ubican aún por debajo de ese nivel, de forma que sólo pueden reproducir sujetos de forma degradada.
La masa de gente que cobra la política asistencial, aún en períodos de relativa recomposición económica, es una forma de reconocer la condición sobrante de esta población, que se manifiesta en todos los aspectos de la vida: no sólo cómo trabaja sino también qué y cómo se consume. Esto pone en evidencia que el capitalismo argentino no puede garantizar la reproducción en condiciones normales de una parte cada vez mayor de la clase obrera. Más allá de la retórica progresista, esto es tan cierto para los ‘90 como lo es para la “era kirchnerista”, pues no se trata de supuestos modelos económicos antagónicos, sino de la forma que adopta el capitalismo en nuestro país.
¿Por qué se sostiene y hasta dónde es sostenible?
El desarrollo de este gran aparato asistencial juega un doble papel: produce fuerza de trabajo barata para el capital y constituye un mecanismo de construcción de hegemonía. Pero no cumple ninguna de estas funciones si no es por la mediación de la lucha de clases. La clase obrera debe luchar por el reconocimiento de sus necesidades y por su satisfacción vía la asistencia del Estado. Pero el sostenimiento de este aparato asistencial depende de los mismos factores que el aumento del empleo y los salarios: el crecimiento de la economía. Por eso, mientras la economía esté en expansión y el Estado pueda recaudar, se puede extender el gasto en asistencia. Como es sabido, y lo hemos abordado en muchos artículos de El Aromo, la suerte de la economía argentina está atada a la suerte del agro. Por ello, la pregunta con la que nos enfrentamos es ¿qué pasará con estas fracciones de la clase obrera el día que caiga la demanda de mercancías agrarias producidas localmente o disminuya su precio, poniendo un límite a esta situación?
La masa de gente que cobra la política asistencial, aún en períodos de relativa recomposición económica, es una forma de reconocer la condición sobrante de esta población, que se manifiesta en todos los aspectos de la vida: no sólo cómo trabaja sino también qué y cómo se consume. Esto pone en evidencia que el capitalismo argentino no puede garantizar la reproducción en condiciones normales de una parte cada vez mayor de la clase obrera. Más allá de la retórica progresista, esto es tan cierto para los ‘90 como lo es para la “era kirchnerista”, pues no se trata de supuestos modelos económicos antagónicos, sino de la forma que adopta el capitalismo en nuestro país.
¿Por qué se sostiene y hasta dónde es sostenible?
El desarrollo de este gran aparato asistencial juega un doble papel: produce fuerza de trabajo barata para el capital y constituye un mecanismo de construcción de hegemonía. Pero no cumple ninguna de estas funciones si no es por la mediación de la lucha de clases. La clase obrera debe luchar por el reconocimiento de sus necesidades y por su satisfacción vía la asistencia del Estado. Pero el sostenimiento de este aparato asistencial depende de los mismos factores que el aumento del empleo y los salarios: el crecimiento de la economía. Por eso, mientras la economía esté en expansión y el Estado pueda recaudar, se puede extender el gasto en asistencia. Como es sabido, y lo hemos abordado en muchos artículos de El Aromo, la suerte de la economía argentina está atada a la suerte del agro. Por ello, la pregunta con la que nos enfrentamos es ¿qué pasará con estas fracciones de la clase obrera el día que caiga la demanda de mercancías agrarias producidas localmente o disminuya su precio, poniendo un límite a esta situación?
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