Carga. Flojo trabajo de subgrupo parlamentario. Presidente García, ex ministros de Estado y magistrados fueron acusados de afectar la Constitución o cometer delitos penales.
La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, encargada de calificar denuncias contra altos funcionarios del Estado, dejará pendiente al próximo Parlamento la resolución de 60 casos que incluyen al presidente Alan García, ministros y magistrados.
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La alta carga se acumula por casos desde el 2006, y el Presidente mantiene dos acusaciones, la última de ellas por afectar la Constitución al emitir un decreto supremo para ejecutar el proyecto Majes Siguas II. La denuncia fue planteada por congresistas nacionalistas en diciembre del 2010.
Los casos de ex ministros son más graves: la acusación contra el ex titular del Interior Fernando Barrios Ipenza, por cobrar una indemnización irregular en Essalud, durmió durante siete meses.
A Barrios se le imputan los delitos de concusión, cobro indebido y enriquecimiento ilícito, pero el subgrupo nunca se pronunció.
Varios apristas
Los ex jefes del gabinete ministerial Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén tienen acusaciones por la suscripción de un acuerdo con la Universidad de Yale y por omitir investigaciones en la venta de acciones de la azucarera Cartavio, respectivamente.
Por el mismo caso promovido por el Frente de Defensa de Cartavio están acusados el presidente del Congreso, César Zumaeta, y Luis Alva Castro. A los apristas se les acusa de abuso de autoridad, tráfico de influencias y otros delitos.
También Toledo y PPK
La emisión del DL 1097 para favorecer a efectivos procesados por delitos de lesa humanidad (después derogado) les costó una acusación a los ex ministros Rafael Rey, Octavio Salazar y Víctor García Toma y al legislador fujimorista Rolando Sousa. Está pendiente desde setiembre del 2010.
El ex presidente Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski fueron acusados en marzo pasado de cohecho impropio y colusión por recibir aportes de una empresa brasileña favorecida con licitaciones para la Carretera Interoceánica.
En el caso de magistrados, la ex Fiscal de la Nación Gladys Echaíz tiene cuatro denuncias. El ex titular de la Corte Suprema Javier Villa Stein también fue acusado.
PRECISIÓN
control. La acusación constitucional es un mecanismo de control fijado en la Constitución de 1993. La Comisión Permanente puede acusar al Presidente, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, congresistas, vocales supremos , Contralor y Defensor del Pueblo, por infracción a la Constitución y cualquier delito cometido durante su función y hasta cinco años después de terminada. El Pleno puede destituirlos o inhabilitarlos de la función hasta por 10 años.
“Responden a voluntad política”
De los 60 casos de denuncias pendientes, la gestión de Karina Beteta (su actual presidenta) recibió 30 desde agosto del 2010, y solo ha resuelto unas pocas, para declararlas inadmisibles y archivarlas. La última fue la acusación planteada contra Keiko Fujimori y la premier Rosario Fernández por el uso de la Diroes en la campaña reciente. Se archivó la semana pasada.
Beteta dijo que las ausencias bloquearon el trabajo y acusó de la carga a presidentes anteriores. El subgrupo tiene 10 miembros, sin contar a Beteta. Nueve de ellos postularon a la reelección y Beteta lo hizo por el fujimorismo, sin éxito.
Según Edgar Reymundo, “la subcomisión respondió en los últimos años a voluntades políticas del Apra y el fujimorismo. Desde la última instalación sesionó unas cinco veces, cuando hay casos graves”.
La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, encargada de calificar denuncias contra altos funcionarios del Estado, dejará pendiente al próximo Parlamento la resolución de 60 casos que incluyen al presidente Alan García, ministros y magistrados.
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La alta carga se acumula por casos desde el 2006, y el Presidente mantiene dos acusaciones, la última de ellas por afectar la Constitución al emitir un decreto supremo para ejecutar el proyecto Majes Siguas II. La denuncia fue planteada por congresistas nacionalistas en diciembre del 2010.
Los casos de ex ministros son más graves: la acusación contra el ex titular del Interior Fernando Barrios Ipenza, por cobrar una indemnización irregular en Essalud, durmió durante siete meses.
A Barrios se le imputan los delitos de concusión, cobro indebido y enriquecimiento ilícito, pero el subgrupo nunca se pronunció.
Varios apristas
Los ex jefes del gabinete ministerial Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén tienen acusaciones por la suscripción de un acuerdo con la Universidad de Yale y por omitir investigaciones en la venta de acciones de la azucarera Cartavio, respectivamente.
Por el mismo caso promovido por el Frente de Defensa de Cartavio están acusados el presidente del Congreso, César Zumaeta, y Luis Alva Castro. A los apristas se les acusa de abuso de autoridad, tráfico de influencias y otros delitos.
También Toledo y PPK
La emisión del DL 1097 para favorecer a efectivos procesados por delitos de lesa humanidad (después derogado) les costó una acusación a los ex ministros Rafael Rey, Octavio Salazar y Víctor García Toma y al legislador fujimorista Rolando Sousa. Está pendiente desde setiembre del 2010.
El ex presidente Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski fueron acusados en marzo pasado de cohecho impropio y colusión por recibir aportes de una empresa brasileña favorecida con licitaciones para la Carretera Interoceánica.
En el caso de magistrados, la ex Fiscal de la Nación Gladys Echaíz tiene cuatro denuncias. El ex titular de la Corte Suprema Javier Villa Stein también fue acusado.
PRECISIÓN
control. La acusación constitucional es un mecanismo de control fijado en la Constitución de 1993. La Comisión Permanente puede acusar al Presidente, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, congresistas, vocales supremos , Contralor y Defensor del Pueblo, por infracción a la Constitución y cualquier delito cometido durante su función y hasta cinco años después de terminada. El Pleno puede destituirlos o inhabilitarlos de la función hasta por 10 años.
“Responden a voluntad política”
De los 60 casos de denuncias pendientes, la gestión de Karina Beteta (su actual presidenta) recibió 30 desde agosto del 2010, y solo ha resuelto unas pocas, para declararlas inadmisibles y archivarlas. La última fue la acusación planteada contra Keiko Fujimori y la premier Rosario Fernández por el uso de la Diroes en la campaña reciente. Se archivó la semana pasada.
Beteta dijo que las ausencias bloquearon el trabajo y acusó de la carga a presidentes anteriores. El subgrupo tiene 10 miembros, sin contar a Beteta. Nueve de ellos postularon a la reelección y Beteta lo hizo por el fujimorismo, sin éxito.
Según Edgar Reymundo, “la subcomisión respondió en los últimos años a voluntades políticas del Apra y el fujimorismo. Desde la última instalación sesionó unas cinco veces, cuando hay casos graves”.
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