Trabas. Según aymaras, concesión dada por esa ley es ilegal. La proposición indica que las concesiones mineras en Chucuito serán sometidas a consulta, pero puneños aseguran que eso no soluciona el problema.
La propuesta del Ejecutivo de someter las concesiones mineras vigentes ubicadas en la provincia puneña de Chucuito a un proceso de consulta de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el decreto supremo 023-2011-EM, fue considerada por el dirigente Walter Aduviri Kalisaya como una falta de voluntad del gobierno para solucionar las demandas de la población del sur de Puno porque esta proposición es la misma que la comisión de alto nivel les llevó a Juliaca y fue rechazada en esa oportunidad.
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“El Ejecutivo nos sigue presentando la misma propuesta que ya fue rechazada por las bases. La solución pasa por voluntad política y el presidente Alan García y la ministra Rosario Fernández tienen la última palabra”, manifestó el dirigente después de leer el documento que les presentó el ministro del Interior Miguel Hidalgo y los viceministros de Minas y de Agricultura Fernando Gala y Francisco Palomino, respectivamente.
Aduviri señaló que la demanda puneña no exige consulta ni estudios de impacto ambiental.
“La agenda es cese y cancelación de todas las concesiones mineras y petroleras en la región sur de Puno, y también la anulación del decreto supremo 083”, precisó tras manifestar que la intransigencia del gobierno responde a intereses económicos y que el mencionado decreto supremo fue emitido sin argumentos técnicos ni legales.
El dirigente refirió que no se retirarán de la mesa de diálogo, la que se reiniciará hoy a las diez de la mañana en la sede del Ministerio de Energía y Minas.
Pero indicó que la prolongación de las reuniones sin resultados positivos para los aymaras está acabando con la paciencia de la población en Desaguadero.
Puno no tiene alternativa legal
El viceministro de Minas Fernando Gala indicó que el Ejecutivo ha solicitado a los dirigentes que presenten una alternativa legal al tema de la anulación de las concesiones pero que no la tienen.
“Nosotros les hemos dicho que si tienen una alternativa legal viable en el marco de la ley que nos la alcancen, pero no lo han hecho”, expresó.
En tanto el ministro del Interior Miguel Hidalgo explicó que la cancelación de una concesión minera no está establecida en la ley de minería y que se requerirá un trabajo en el Congreso para tal fin.
“Y respecto a la derogatoria del decreto supremo 083, hay un proyecto de ley en el Congreso que daría solución a la demanda de la población aymara aunque ésta será en el largo plazo”, aclaró el ministro Miguel Hidalgo.
“El DS 083 es totalmente ilegal”
El congresista por Puno Yonhy Lescano Ancieta informó que el decreto supremo 083, que faculta la concesión a la minera Santa Ana, fue emitido ilegalmente.
”Este decreto supremo no tiene sustento, solo existe el acta de un alcalde de Huacullani que en el año 2004 pidió actividad minera en la zona y eso no es suficiente sustento porque se tiene que probar que haya utilidad pública y haya beneficio para la comunidad”, dijo.
Indicó que este era un asunto muy delicado porque se trataba de autorizar a una minera extranjera para que opere en la zona de frontera.
”La falta de sustento de esta norma significa que se ha omitido funciones y se ha incurrido en irresponsabilidad que debe sancionarse”, anotó.
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