El presidente del Frente de Defensa de la Zona Sur de
Puno, Walter Aduviri dijo que sus dos demandas siguen en pie y exigió que el
Congreso muestre el expediente técnico que sustentó el Decreto Supremo 083 que otorgó la concesión minera a la empresa canadiense Mining Company. “Hasta hoy el gobierno solo ha mostrado un acta firmada por 15 personas y unos planos para sustentar el proyecto Santa Ana”, acotó.
Señaló que las reuniones continuarán hoy a las 10 de la mañana. “El
Congreso debe pronunciarse pues se han entregado concesiones y no sabemos en qué condiciones se ha hecho esto. Estamos pidiendo los argumentos técnicos y legales, además del expediente que sustentaron el decreto supremo 083. Hay que revisar todo esto. ¿Por qué no quieren derogar este decreto?, ellos deben tener un expediente y deben hacerlo publico”, enfatizó.
Ratificó que existe un estudio de impacto ambiental que mandó a realizar la empresa canadiense Bear Creek Mining Company elaborado en diciembre del 2010, que confirma que la operación minera agravaría la contaminación en la zona sur de
Puno.
“Su mismo estudio ratifica que va a traer una evidente contaminación y por eso queremos la cancelación de todas las concesiones mineras y petroleras que contaminan nuestro recurso hídrico y que agravarían esto en toda la cuenca del Titicaca”, apuntó.
El reelecto congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, insinuó que el gobierno pretende dejarle el problema al presidente electo
Ollanta Humala, pues no cancelaría las concesiones mineras en
Puno y solo daría una propuesta de consulta a los comuneros aimaras.
“La propuesta del gobierno es una norma para darle un grado de participación y consulta a los comuneros, pero no es una participación definitiva o importante”, anotó.
ContrapropuestaPor su parte, el viceministro de Minas, Fernando Gala, refirió que las dos demandas de los comuneros aimaras son “inviables” y dijo que el gobierno les ha dado una contrapropuesta de someter a consulta previa el proyecto Santa Ana.
“Ambos pedidos en ese extremo son legalmente inviables por la Constitución y las leyes. Estamos planteando dos contrapropuestas para solucionar estos problemas. Tenemos una herramienta importante que es la ley de consulta, la concesión en el sur de
Puno del proyecto Santa Ana tiene que ser sometida a consulta por la población para que digan si habrá o no habrá proyecto”, subrayó.
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