Se viene otro faenón

Ejecutivo presentará proyecto al Congreso para pagar deuda a los poseedores de bonos de la reforma agraria, el problema es que dichos papeles están en manos de grandes grupos de poder e inversionistas extranjeros.

A puertas de concluir el segundo gobierno aprista pareciera que la intención del gobierno es “desestabilizar” a la administración entrante, teniendo en cuenta que debido a medidas fiscales tomadas en las últimas semanas como la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV), del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), la restitución de la exoneración del pago del IGV en los departamentos de la selva –por esto el Estado dejará de recaudar S/. 4,860 millones anuales- y el embalsamiento del precio de los combustibles, ahora se suma la intención gubernamental de reconocer el pago a los poseedores de los bonos de la reforma agraria que alcanza los S/, 4,000 millones.

Es decir, esta administración saliente asume mayores compromisos y, a la vez, reduce los ingresos. Pero los menores ingresos a la caja fiscal y mayores compromisos de pago que asume la actual administración y que deben ser asumidos por el próximo gobierno no es el meollo del asunto. LA PRIMERA conversó con diferentes especialistas agrarios y economistas que advierten que “se viene otro faenón” teniendo en cuenta que los actuales poseedores de los bonos de la reforma agraria son grandes grupos de poder vinculados a funcionarios del gobierno.

Anuncia faenón y contradiccionesEn el transcurso de la semana pasada, el ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides, anunció que el gobierno alista una propuesta legislativa que la hará llegar al Congreso de la República con el fin de pagar unos S/. 4,000 millones a los tenedores (poseedores) de los bonos de la reforma agraria, decisión que comprometería las arcas del próximo gobierno.

El funcionario precisó que dicha propuesta será enviada al Congreso para su debate y aprobación antes de que finalice el segundo régimen de Alán García. Los bonos que fueron emitidos en la década de 1970 por el gobierno del general Juan Velasco y permitieron acabar con el latifundismo asciende a S/. 4,000 millones, es decir US$ 1,400 millones equivalente a 1% del Producto Bruto Interno (PBI).

Este anuncio del ministro es contradictorio con lo que el mismo dijera a inicios de este año pues en dicha ocasión el ministro Ismael Benavides recalcó a los medios de comunicación “que el gobierno aún no está en condiciones para garantizar el pago de unos bonos por una antigua reforma agraria (…) todavía se deben encontrar los “mecanismos legales adecuados para su pago por parte del Estado”. Entonces, ¿a qué se debe el cambio de opinión del actual gobierno?

Es más, a inicios de este año la Dirección Nacional del Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas preparó un informe en el que precisa que “resulta inviable atender cualquier requerimiento de actualización del valor y pago de los bonos de la deuda agraria u otra obligación derivada del proceso de reforma agraria”.

Dicho informe N°188-2010-EF/75.20 fue en respuesta al pedido de uno de los herederos de los terrenos expropiados, en el que se les solicita actualizar las deudas al valor presente de mercado.

Un poco de historiaEl especialista en temas agrarios y director de la revista Agronoticias, Reynaldo Trinidad, recuerda que fue el gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado que decretó, el 24 de junio de 1969, la reforma agraria más profunda de América, para expropiar y adjudicar todas las haciendas, con el fin de poner fin al semifeudalismo. En esos tiempos, el 75.9 por ciento de las tierras estaba en manos del 0.4 por ciento de propietarios

Así fueron expropiadas las haciendas, bajo el compromiso de pagar los valores correspondientes en bonos, durante 20 años. Incluso el 50 por ciento de estos podían convertirse en dinero líquido, si los bonistas invertían en industrias. Pero como muchos hacendados no aceptaron los valores irrisorios de sus bonos (compatibles con lo que declararon para pagar poco o nada de impuestos), algunos los regalaron o remataron de inmediato, mientras que otros prefirieron guardarlos. El problema es con estos, dice Trinidad.

Mediante la Constitución de 1979, dada por la alianza del APRA y el PPC, el Estado condonó las deudas de los campesinos por la Reforma Agraria, para asumir el pago de los bonos, pero no cumplió con esto. Luego, cuando vino el gobierno neoliberal de Fujimori en 1990, este reconoció y comenzó a pagar todas las deudas del Estado ante el exterior, pero no hizo lo mismo con la deuda interna de los bonos de Reforma Agraria.

Compra de bonosComo el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori no tuvo intereses en pagar las deudas internas del Estado, algunos estudios de abogados, aprovechando la coyuntura, coludidos con ministros y altos funcionarios de Economía y Finanzas, igual que con grandes grupos económicos del país y el exterior comenzaron a comprar (acaparar) esos bonos por precios viles (entre 10 y 20 por ciento de sus valores nominales), con el propósito de hacerle pagar al Estado algún día el 100 por ciento de esos valores, más intereses, moras y otras penalidades, advierte Reynaldo Trinidad.

Similar opinión tiene Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) quien indica que ha habido empresas que han comprado bonos de la reforma agraria a bajo precio para luego iniciar procesos judiciales exigiendo al Estado el pago

Si bien Eguren reconoce que los tenedores de los bonos tienen el derecho de reclamar por el pago también subraya que hay varios problemas. Uno de ellos es cómo se valorizarán los bonos.

El valor nominal original es de poca utilidad, pues en los años siguientes a la reforma agraria hubo devaluaciones espectaculares de la moneda y cambios de denominación. Así que el cálculo es todo un reto. Luego está si se debe incluir los intereses devengados, y cuáles serían esos intereses. En diferentes momentos se han dado cifras que han sido impagables, dice Eguren.

El director de Agronoticias cuestiona que ahora el Estado debe pagar la deuda interna no a los afectados por la reforma agraria sino a sus poderosos y oportunistas herederos.

Subraya que antes que se pague dicha deuda el Estado debe considerar que muchas de esas tierras expropiadas fueron y son tierras eriazas, por lo que pide al gobierno no ceder a lo que exigen los especuladores que han acaparado esos papeles (bonos).

Sin embargo, Trinidad es realista y ve difícil que el actual gobierno recoja las anteriores recomendaciones antes de pagar la deuda dada por la reforma agraria, pues considera “que actualmente hay mucho interés en cierta gente del Ministerio de Economía y Finanzas por pagar esos bonos antes de que termine el gobierno vigente, sin importar a quienes (los tenedores originales o sus herederos, o los acaparadores); lo cual entraña un doble problema. Uno ético por la posible colusión de ciertos funcionarios con los acaparadores y económico porque el Estado tendría que pagar sumas descomunales, por los intereses, moras y otras penalidades que exigen los acaparadores”. Añade, “o sea que podríamos estar ante otro faenòn burocrático”, concluye.

Fernando Eguren, considera que los diferentes gobiernos no han tenido la voluntad política de resolver este problema que ya tiene décadas. “Y no estoy seguro que el ministro Benavides o Alan García lo tenga, a pesar de sus declaraciones. Después de todo, dentro de menos de cinco meses ya no estarán en el gobierno”, subraya.

Desfinanciar al próximo gobiernoGermán Alarco Investigador de CENTRUM Católica señaló que este asunto de reconocer los Bonos de la Deuda Agraria no es casual. La reducción del IGV y del ITF favorece en primera instancia a los propietarios de los medios de producción y en segunda instancia a los consumidores. En este caso se conoce que estos bonos han sido renegociados y transferidos a intermediarios, quienes obtendrían grandes beneficios, al momento de recuperar dichos recursos del Estado.

No hay que olvidar –dice Alarco- que estos intermediarios los compraron a un valor mínimo a los tenedores (expropiados originales).

“Es lamentable, pero la consigna del gobierno Aprista es dejar desfinanciado al próximo gobierno y en este caso servir a intereses particulares. Todas estas acciones finales del gobierno deberán ser objeto de una severa fiscalización”, comentó Alarco quien añade que el gobierno se olvida de la gran deuda que tiene con la población excluida del país. Prefiere servir a unos pocos que a las mayorías. El jefe del plan del gobierno de Perú Posible, Kurt Burneo, dijo que esta intención del gobierno aprista de asumir nuevos compromisos a puertas de culminar su gestión no es mas que una nueva medida para desestabilizar a la administración entrante.

“Lo que el gobierno aprista quiere es quedar bien, son solo fotos de momento, medidas populistas tomadas sin el mínimo criterio técnico como la reducción del IGV, ITF, el congelamiento del precio de los combustibles que lo único que provocará es el embalsamiento de precios que deberán ser asumidos por el próximo gobierno. Por esta misma línea va el pago de los bonos de la reforma agraria”, advierte Burneo.

Anteriormente, Félix Jiménez, jefe del plan de gobierno de Gana Perú estimó que el Estado perderá S/. 4,860 millones anuales de recaudación. Explica que S/. 2,130 millones por la reducción del IGV, S/. 900 millones por la reducción del ITF, S/. 1,830 millones por restitución de exoneraciones. La pérdida para el fisco es casi el doble de los 2,500 millones de soles que se han recabado en cinco años de óbolo.