martes, 26 de abril de 2011

Lucha anticorrupción ausente del programa de Fuerza 2011

Un punto levantado como crucial en esta campaña por la segunda vuelta electoral es la lucha contra la corrupción, a tal punto que la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, ha tenido que pronunciarse contra ese mal, ante las certezas en torno a los graves antecedentes del movimiento político que representa y que ejerció el que muchos consideran el gobierno más corrupto de la historia del Perú.
LA PRIMERA, el llamado plan de gobierno que Fuerza 2011 presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las elecciones presidenciales del presente año, no contiene planteamientos ni medidas de lucha frontal contra la corrupción.

El documento presentado por el
Fujimorismo, además de ser muy general en los puntos que plantea, no deslinda un ápice con el régimen de Alberto Fujimori y, más bien, reconoce supuestos logros de ese régimen.

Así, en varios puntos del plan, Fuerza 2011 toma como referencia aspectos del régimen
Fujimorista que debe continuar o complementar.Solo generalidadesEn total son 58 páginas en las que se plantea de manera muy general la visión y el compromiso de Fuerza 2011 para el periodo 2011-2016, las cuales están divididas en cuatro pilares y veinte ejes.

El segundo pilar, en el que se habla de crear un gobierno eficiente en el que los ciudadanos puedan confiar y “ejecutar las reformas institucionales que quedaron pendientes” (del régimen de Alberto
Fujimori), presenta tres ejes, uno de ellos el de ser intolerantes a la corrupción.

Ahí se propone establecer un conjunto de mecanismos que dice están destinados a reducir la corrupción, como el de no permitir los conflictos de interés, impulsar el Plan de Simplificación Administrativa, la protección contra la presión política o económica, la transparencia de la gestión pública, la mejora del sistema de compras del Estado y el establecimiento de un sistema de información financiera de los funcionarios públicos. No hay ninguna medida drástica.

El
abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera sostuvo que en todo el plan de Fuerza 2011 no existe una referencia categórica para enfrentar de manera decidida el flagelo de la corrupción, que durante el régimen Fujimorista registró uno de los índices más altos en la historia del Perú.

A diferencia de Fuerza 2011, Gana
Perú ha desarrollado un planteamiento más frontal contra la corrupción, con el fin de moralizar la política.

Según Gana
Perú, la lucha anticorrupción debe ser parte de un contrato social para construir en paz la nación, expresado en puntos como la imprescriptibilidad de los delitos en agravio del Estado o la eliminación de los beneficios penitenciarios a los que cometan ilícitos de corrupción de funcionarios.

También plantea la instalación de la Comisión Nacional Anticorrupción, así como la creación de redes de vigilancia ciudadana, comités cívicos distritales, provinciales y regionales de transparencia que luchen unidos contra este flagelo.

Según un estudio elaborado por el economista Alfonso Quiroz, la corrupción del régimen
Fujimorista causó al Perú pérdidas por cerca de 14,000 millones de dólares en 10 años. Así, el costo promedio anual por corrupción (aproximadamente 1 mil 400 millones de dólares) representa alrededor del 30-35% del gasto presupuestal promedio anual de esa década.Camarilla Según Rivera, la mayoría de los integrantes del equipo de Keiko Fujimori fueron parte de la organización criminal Fujimorista que perpetró o avaló hechos ilícitos en la década de los 90. “La mayoría de ellos están como candidatos, asesores o voceros”, dijo el letrado a este diario.

Mencionó que en el equipo figura gente como Jaime Yoshiyama, a quien calificó como gestor y “blanqueador” del autogolpe de abril 1992, en el que
Fujimori conculcó las libertades ciudadanas e intervino los poderes del Estado.

También el caso de Jorge Trelles y Chlimper, ambos exministros
Fujimoristas que estuvieron en los años más oscuros del régimen de Fujimori (finales de los 90), cuando se negaba las violaciones de los derechos humanos y la prensa libre denunciaba graves hechos de corrupción que fueron corroborados después.

En la lista también incluyó a Rafael Rey, quien, según el letrado, hasta ahora niega que en la dictadura
Fujimorista se haya cometido crímenes de lesa humanidad. Y a Martha Chávez, quien amedrenta a los jueces, en defensa del papá de la candidata de Fuerza 2011, Alberto Fujimori. Campeón en corrupción El Informe Global de Corrupción de Transparencia Internacional (TI), dado a conocer hace unos días en Londres, señala que Alberto Fujimori, padre de la candidata Keiko Fujimori, ocupa el puesto siete de los presidentes más corruptos de los últimos 20 años.

Según el documento, el papá de la postulante de Fuerza 2011 malversó entre 1990 y el 2000 alrededor de 600 millones de
dólares mientras fue presidente. El listado de los líderes más corruptos, que incluye a solo diez dirigentes, es encabezado por Mohammed Suharto, que gobernó Indonesia 32 años, habría robado entre 15.000 y 35.000 millones de dólares.

Le sigue el ex presidente filipino Ferdinand Marcos, que entre 1972 y 1986 habría malversado fondos por hasta 10.000 millones de
dólares. También figuran Slobodan Milosevic de Serbia-Yugoslavia (puesto 5) y Jean-Claude Duvalier de Haití (puesto 6).Propuestas de Gana Perú
*Imprescriptibilidad de los delitos en agravio del Estado e inhabilitación a perpetuidad contra sus actores o cómplices para el ejercicio futuro de cualquier función pública.

*Regulación o eliminación de los beneficios penitenciarios a los que cometan ilícito de corrupción de funcionarios.

*Instalación de la Comisión Nacional Anticorrupción, independiente, autónoma, nacida de una demanda popular.

*Todos los funcionarios públicos deberán presentar declaraciones juradas de patrimonio e ingresos.

*Auditoría de los contratos de inversión, amnistías y exoneraciones tributarias para definir buenas prácticas y crear nuevos modelos de normas anticorrupción.

*Iniciativas tendentes a perfeccionar la transparencia de las compras y ventas del Estado.

*Creación de redes de vigilancia ciudadana, comités cívicos distritales, provinciales y regionales de transparencia.

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