Hacer un recuento de lo que ocurre en México, sería una tarea tan difícil como describir cuadro por cuadro la escena de un paisaje en implosión, un país que es destruido desde el interior. El horror se ha instalado en la cotidianidad y quizá es sobre todo la normalización de este estado de cosas el elemento más inquietante de lo que sucede en el país. Imágenes y palabras se instalan en una coyuntura permanente, en un presente que parece perpetuarse en la lógica de la destrucción. Así por ejemplo, durante el último mes hemos sabido de los alcances de la operación “Rápido y furioso”, en la que con anuencia de distintos funcionarios norteamericanos se permitió la entrada de más de 2,000 armas que posteriormente fueron utilizadas por distintas mafias mexicanas vinculadas con el tráfico de drogas y otras acciones criminales que en muchos casos se dirigen contra la población (1).
El correlato de la actuación de las autoridades mexicanas sólo augura la profundización de la cultura de la violencia que ahora crece desbocada. La propuesta de reforma de ley por parte del gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, que contempla el servicio militar obligatorio durante tres años so pena de cárcel para los jóvenes que no realizan estudios o trabajos formales, es una prueba de ello(2). Por su parte, los medios de difusión masiva, acordaron en medio de un inmenso despliegue mediático, un pacto de censura y la intención de crear una realidad propia de la distopía orwelliana. A fines de marzo, fue presentado el denominado Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, con el que la dictadura mediática encabezada por el duopolio televisivo conformado por Televisa y TV Azteca, proponen, entre otras cosas, la adopción de “criterios editoriales comunes” que contrarresten los efectos propagandísticos del “crimen organizado” (3).
Debajo de estos acuerdos, la guerra lanzada por Felipe Calderón aumenta sus cifras. Se estima que la cifra de muertes entre mujeres y hombres oscila entre los treinta y cinco y cuarenta mil asesinatos desde 2006. La cifra crecerá, pues en los últimos días se han descubierto fosas clandestinas en distintos estados del país(4). Por otro lado, las recientes declaraciones de un general del ejército en retiro, quien cumple funciones de “seguridad pública” revelaron la práctica de ejecuciones extrajudiciales, lo que abre paso a la sospecha de que este tipo de acciones ilegales sean realizadas por otros cuerpos represivos del Estado mexicano(5).
Sin embargo, también crece el descontento, el hartazgo y la idea de que un elemento esencial para detener la catástrofe humanitaria que ocurre en México es el regreso del ejército a los cuarteles. A raíz del asesinato de siete personas en el estado de Morelos, entre los que se encontraba Juan Francisco, hijo de un reconocido poeta, periodista y activista morelense, Javier Sicilia; se llevaron a cabo distintos actos de protesta en alrededor de 50 ciudades del país e incluso en distintas embajadas mexicanas en el extranjero. La convocatoria de Sicilia fue tan sencilla como contundente y recuerda al ¡Ya Basta! lanzado por los indígenas zapatistas en 1994. La consigna de ¡Estamos hasta la madre! logró aglutinar a miles de personas en todo el país y la reivindicación estrictamente ciudadana y apartidista revela que en el conflicto que vivimos en México, cada vez es más grande la certidumbre de que el Estado y el sistema político mexicano son corresponsables de las muertes, los desaparecidos y de las violaciones generalizadas a los Derechos Humanos de la población.
Quizá uno de los aciertos más grandes de la iniciativa impulsada por lo que se ha dado en llamar Redes Ciudadanas por la Justicia y la Paz, y que tienen como figura importante al propio Javier Sicilia, es que han expresado con claridad, que esa cifra de 40, 000 muertos, no debe ser tratada como un dato estadístico para legitimar una falsa guerra contra el crimen organizado. Que detrás de cada uno de esos muertos, existen historias personales, muchas de las cuales hablarían, si se les diera la oportunidad, de la exclusión y la miseria. Que esos 40, 000 muertos son una herida para todas y todos.
En contra de nuestros mejores deseos, sabemos que la lucha contra la militarización no rendirá frutos en el corto plazo, que la única posibilidad de ganarla es a partir de la constancia y el compromiso constantes. El mejor ejemplo de ello es la lucha que desde 1990 realiza SOAW y que año con año levanta la voz para exigir el cierre de la Escuela de las Américas, actualmente denominada Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHINSEC por sus siglas en inglés). Es en esta institución en la que durante décadas los Estados Unidos han entrenado a militares latinoamericanos, responsables de miles de muertes, torturas y desapariciones.
En este 2011, del 04 al 11 de abril, se llevaron a cabo las jornadas: “No Más Militarización Extranjera en América Latina, No más Escuela de las Américas”. Estas incluyeron distintas acciones de apoyo en países como Honduras, Chile y Venezuela. Las acciones centrales se realizaron en el Pentágono, en el estado de Virginia y en la Casa Blanca donde se realizaron ayunos públicos con una duración de 6 días. Las acciones culminaron el 10 de abril con una marcha hacia la Casa Blanca que culminó con actos de desobediencia civil no violenta. Como resultado de las protestas frente al Pentágono del 08 de abril hubo 25 activistas detenidos, mientras que en la Casa Blanca donde protestaron cientos de personas hubo 27 detenciones. En ambos casos los compañeros del movimiento SOAW ya han sido liberados. En estos tiempos, en que la militarización crece y se diversifica, la lucha de los pueblos se debe unir en una sola voz.
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