De acuerdo al último informe de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales, en Arequipa aún persisten siete. La mayoría de ellos están referidos a los problemas medioambientales, limítrofes y electorales.
A nivel nacional, Arequipa ocuparía el noveno lugar en cuanto al número de casos acontecidos. En primer lugar se encuentra la región de Áncash con 26 casos, Cajamarca con 17 incidentes, Cusco 15, Puno 14, Lima 13, Piura 10, Junín 8 y Ayacucho con 7 casos.
Uno de los principales conflictos sociales que reporta la Defensoría del Pueblo, es el provocado por la pretensión de instalar el proyecto minero Tía María en la provincia de Islay. Luego de una huelga de 17 días, un saldo de tres muertos y cerca de 200 heridos, salió una resolución declarando inadmisible el proyecto. Sin embargo, el problema aún estaría latente, ya que no se retiró la concesión minera en la pampa Cachendo, distrito de Cocachacra, Islay.
Las autoridades municipales y regionales, así como los gremios de la localidad estarían elaborando un proyecto para declarar la intangibilidad de estos terrenos, con ello se podría poner fin al conflicto en el Valle de Tambo. Mientras tanto, en la provincia de Camaná, un grupo de pobladores del distrito de Ocoña, aún siguen en contra de la operación que realiza la Empresa Pesquera Natalia SAC, quien procesa harina de pescado. A pesar que los pobladores pidieron una medida cautelar en el juzgado de la provincia para paralizar los trabajos y fue aceptada, la empresa no acató la medida, por disposiciones del Ministerio de la Producción.
Son tres conflictos los que Arequipa mantiene con dos regiones vecinas. Con Cusco el problema más álgido es por la ejecución del Proyecto Agroenergético Majes-Siguas II. Los cusqueños, sobre todo en la provincia de Espinar son los opositores. El caso está siendo revisado en el Tribunal Constitucional.
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